Introducción
En este ensayo abordo el malestar social en Chile desde las percepciones subjetivas de la ciudadanía respecto a la desigualdad. Pretendo contribuir al estudio de una estética de la desigualdad, es decir, a la comprensión de la experiencia, juicios y sensibilidades de las personas como habitantes de una sociedad desigual. Postulo que la sensación de inequidades en el trato de las personas según ingreso y clase social merma las bases de la convivencia y la confianza en las instituciones políticas. La idea de ciudadanía incompleta refleja estas inequidades de estatus como ciudadanos de segunda mano. Vinculo la ciudadanía incompleta a una desviación de un ideal de ciudadanía donde las personas se reconocen como miembros plenos de una comunidad política, iguales en dignidad y derechos. Sostengo que regímenes de bienestar altamente mercantilizados son susceptibles de producir esta desviación al depender la gestión de los riesgos sociales de la distribución del mercado y sus azares, conformándose una sociedad desigual donde los perdedores cargan con el estigma y la desprotección. Entenderé por desigualdades sociales aquellas:
“…diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la propia vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.” (PNUD, 2017, p. 62)
Esta concepción es todavía muy amplia para el propósito acotado del presente trabajo. Las desigualdades sociales pueden expresarse de muchas maneras interrelacionadas, me ocuparé en específico de la desigualdad de ingresos y sus implicancias para la percepción de la dignidad y el trato entre personas. Argumento que las condiciones objetivas de las primeras estructuran e internalizan una narrativa de ciudadanía incompleta o de segunda clase en las segundas. Las desigualdades sociales han permeado la sociedad chilena y dejado cicatrices en las bases de la convivencia. Por consiguiente, la percepción de diferencias de dignidad y trato entre los ciudadanos según su ingreso está en la raíz del estallido social de octubre.
La idea de ciudadanía incompleta
Hernández (2003) desarrolla la idea de ciudadanía incompleta para ilustrar las tensiones en la incorporación del pueblo Mapuche a la comunidad política de Chile y Argentina. Vieira (2012) emplea el mismo concepto para referirse a un déficit de ciudadanía en la garantía de derechos básicos en la periferia urbana de Brasil. En ambos casos, la ciudadanía incompleta alude a la falta de garantías básicas. Sin embargo, empleo el concepto en un ámbito diferente como los derechos sociales, económicos y la política social. Para ello consideraré los aportes de Marshall (1950) y Esping-Andersen (1993).
Marshall desarrolla un concepto de ciudadanía como un estatus compuesto de tres elementos diferenciados funcionalmente: derechos civiles, políticos y sociales. Estos elementos se desarrollan y son reconocidas en el sistema político de forma progresiva. Los derechos civiles se garantizan en torno al S. XVIII, los derechos políticos en el S. XIX y los derechos sociales entrado el S. XX. Si bien la lógica tras estos elementos de la ciudadanía es igualitaria, existe una diferencia en su relación con el capitalismo como modelo económico. Los derechos civiles son funcionales a la consagración del capitalismo como sistema de libertades individuales, pero esto no es claro respecto a los derechos políticos y sociales. La extensión del sufragio a las clases populares pudo mermar las bases de la economía capitalista, sin embargo, en la práctica han coexistido con elevados niveles de desigualdad (Przeworski, 1997). La relación entre capitalismo y derechos sociales está marcada por una contradicción más profunda.
Marshall (1950) entiende los derechos sociales como aquellos por los que se garantiza a una persona el acceso a un mínimo de bienestar económico necesario para vivir una vida conforme a los estándares de plenitud de una sociedad. Están asociados y son promovidos por instituciones como los servicios sociales o el sistema educativo, entre otras. Para entender de qué modo los derechos sociales antagonizan con el modelo económico capitalista me apoyo en el concepto de desmercantilización de Esping-Andersen (1993), esta se produce cuando “…se presta un servicio como un asunto de derecho y cuando una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado” (p. 42). Un régimen de bienestar con una gestión de riesgos sociales altamente desmercantilizada realiza el ideal de los derechos sociales de Marshall porque garantiza a cada ciudadano el poder vivir una vida de acuerdo con los estándares aceptables de una sociedad sin depender de su desempeño en el mercado. En este modelo de ciudadanía prima una lógica igualitaria que entra en tensión con los fundamentos libertarios del sistema económico capitalista. En este último se sigue una lógica libertades individuales mediante las que el individuo participa, persigue y gana su sustento en el mercado. Cada individuo es libre de perseguir sus proyectos de vida buena en un orden liberal espontáneo en el que el rol del Estado es mínimo (Hayek, 1982).
Para Marshall, la contradicción entre ciudadanía y capitalismo se resolvería en favor de la consagración de la primera como sistema paralelo de igualdad sustantiva conforme se desarrollasen los derechos sociales. Sin embargo, este planteo resultó ser muy optimista desde un punto de vista igualitarista. Derechos sociales y mercado pueden relacionarse desde distintos arreglos institucionales. Esping-Andersen identificó tres tipos de regímenes de bienestar según la forma en que se gestionan diversos riesgos sociales y las instituciones en que esta tarea recae. El régimen de bienestar socialdemócrata, de carácter universal en la entrega de derechos sociales, realiza mejor que ningún otro un avanzado estado de desmercantilización del bienestar. El régimen conservador también se opone al mercado como principal institución en la gestión de riesgos sociales, pero no es igualitario. Estos regímenes administran el bienestar de acuerdo con un sistema de estratificación por pertenencia a una familia o a corporaciones como sindicatos. Si el principio rector de los regímenes socialdemócratas es el igualitarismo, los regímenes conservadores enfatizan el valor de la solidaridad. Por último, los regímenes de bienestar liberales son aquellos donde la fe el mercado como institución distribuidora del bienestar es más alta. Ellos “…reflejan el compromiso político de minimizar el estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado. Por tanto, desfavorecen los derechos de los ciudadanos” (Esping-Andersen, 2000, p. 103).
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una reestructuración económica en que las tendencias fiscales y la actividad estatal de la posguerra se redujo. Los procesos de desmercantilización se interrumpieron o revirtieron en muchos países. Esto llevó a nuevos arreglos entre Estado y mercado para la provisión del bienestar (Nash, 2010). Latinoamérica experimentó una ola de adopción del neoliberalismo como modelo económico. Esta variación del capitalismo es un concepto disputado en su significado y alcance, pero puede entenderse como una doctrina político-económica que reivindica la libertad del individuo realizada en el libre mercado y minimiza la interferencia del Estado en sus vidas (Gamble, 2013). La adopción del neoliberalismo como modelo económico impacta en todas las dimensiones de la política social e introduce conceptos como la focalización, la competencia y la subsidiariedad. La acción pública y las políticas de redistribución deben, por tanto, limitarse en la medida de lo posible para no interferir con los resultados de mercado (Piketty, 2015).
El malestar ciudadano
Hasta ahora me he preocupado por la discusión teórica sobre ciudadanía y regímenes de bienestar. He tomado el modelo de ciudadanía de Marshall (1950) como un ideal de igualdad sustantiva entre los ciudadanos capaz de ser realizado por los regímenes socialdemócratas de bienestar y su principio universalista (Esping-Andersen, 1993). Introduzco ahora una dimensión subjetiva sobre la percepción de igualdad ciudadana de las personas. Tomo como inspiración la tradición republicana y la prueba del globo ocular de Pettit (2017) donde la pertenencia a la ciudadanía está dada por la ausencia de dominación y la igualdad de estatus, somos miembros plenos de una comunidad política cuando somos capaces de mirarnos los unos a los otros sin una sensación de miedo, diferencia o envidia. La prueba del globo ocular de Pettit no debe tomarse de forma literal, sino captar su sentido sustantivo. En una sociedad de ciudadanos plenos, nos sentimos libres e iguales en dignidad y derechos. Sabemos lo que nos corresponde y esperamos el mismo trato como personas valiosas.
El principio universalista e igualitario de los regímenes de bienestar socialdemócratas permite la creación de condiciones que pasen la prueba de Pettit ¿podemos decir lo mismo sobre los modelos neoliberales? Sostengo que no. La política social en el Estado neoliberal está basada en la subsidiariedad, la individualización, la competencia y la focalización. El concepto de derechos sociales es un espejismo, pues cualquier producción eficiente de bienes y servicios tiene que ser “…determinada mediante los mecanismos del mercado y todos sus accidentes, porque sólo a través de la determinación de los ingresos hecha por el mercado cada cual es inducido a hacer lo que este resultado requiere” (Hayek, 1982, p. 197). La actividad estatal se reduce a sus funciones mínimas salvo en caso de que se deba proveer un servicio esencial que los mercados no pueden o no quieren producir. Es así como el Estado adquiere un rol subsidiario del mercado y asistencialista de los ciudadanos vía políticas focalizadas. La focalización como lógica de la política social es contrapuesta al ideal ciudadano de Marshall de derechos sociales universales e introduce la carga negativa del estigma en los beneficiarios al estratificarlos por ingreso y convertirlos en consumidores en competencia por un servicio (Monbiot, 2016).
La idea de ciudadanía incompleta implica que las desigualdades sociales entre ciudadanos les impiden verse los unos a los otros como iguales en dignidad y derechos. Un modelo neoliberal es proclive a generar este tipo de percepción ciudadana pues la gestión de los riesgos sociales recae, principalmente, en el mercado. Al estar sujetas a los azares del mercado y la distinta valoración de las diferentes habilidades, las distribuciones de bienes y servicios son proclives a generar y profundizar desigualdades sociales. La política asistencialista puede agravar el estigma negativo a los beneficiarios como perdedores de la competencia. Las clases medias pueden experimentar la sensación de una ciudadanía incompleta de otra manera pues, al no disfrutar de una renta similar a la de las clases altas ni ser beneficiario de las políticas focalizadas del Estado, es posible que se genere una sensación de abandono o de ser un ciudadano de segunda mano.
Chile es un caso emblemático en cuanto a regresión de procesos de desmercantilización descrito por Ffrench-Davis (1999) como un experimento neoliberal marcado por la doctrina monetarista y el libertarismo económico. El regreso de la democracia, bajo los gobiernos de la Concertación, trajo consigo también el impulso a políticas de inversión en capital humano a largo plazo y profundos cambios en la doctrina macroeconómica. Se persiguió como objetivos clave el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad, en ambos casos se obtuvo una mejora respecto a las condiciones de 1990. Sin embargo, Ffrench-Davis señaló tal era sólo el comienzo de una tarea de mejora distributiva estructural de largo plazo. Farías (2019) argumentó que, pese a la mejora de las condiciones de vida de las personas en el país, en especial en cuanto a indicadores de pobreza y cobertura de las políticas sociales, “…la configuración del reparto del bienestar muestra claros signos de continuidad en su estructura bicéfala instalada a partir de las reformas de la década del 80, así como en la segmentación de los beneficios entre la población” (p. 159). El régimen de bienestar de Chile, pese a distintos avances en políticas sociales, continuó siendo un subtipo de régimen liberal marcado por la focalización y alta desigualdad de ingresos.
En materia de desigualdad de ingresos, el informe Desiguales de PNUD (2017) señala que en 2015 la mitad de los trabajadores asalariados obtenía un ingreso inferior al umbral nacional de pobreza de $343.000. Sin embargo, la tasa de pobreza del país no es más alta porque en la mayoría de los hogares hay más de un perceptor de ingresos. En contraste, el 1% más rico concentró cerca del 30% de la riqueza del país. La reducción de la desigualdad en las últimas décadas puede inscribirse en un ciclo económico favorable o deberse a otros factores, pero no es claro que sea una tendencia irreversible. En esta línea, Rodríguez Weber (2021) demostró que a largo plazo no puede detectarse una tendencia al alza o a la baja en los niveles de desigualdad de Chile y concluyó que las políticas redistributivas del período posterior a 1990 fueron insuficientes.
La desigualdad es un factor para considerar en el malestar social de Chile. El escepticismo emergente sobre la democracia podía asociarse a sus niveles de desigualdad. Tal desigualdad en el ingreso tiene implicancias políticas fuertes pues no sólo se manifiesta en un sesgo socioeconómico en la participación electoral, sino también en otras dimensiones clave de la participación política y percepciones democráticas (PNUD, 2020). Se aprecia, entonces, un círculo de retroalimentación negativa donde las desigualdades económicas influencian sesgos socioeconómicos de participación política, los que a su vez refuerzan estructuras económicas vigentes. En una sociedad de este tipo en donde la desigualdad está interiorizada, los ciudadanos tienen consciencia de la distancia entre posiciones sociales. También adhieren a narrativas comunes sobre lo que significa ser parte de una clase social y sostienen pesares compartidos.
Uno de estos pesares es el sentimiento de un trato desigual. Tal percepción contribuye, por un lado, a la erosión de la cohesión social al mermar la idea de una igualdad entre ciudadanos. Por otro lado, a la desconfianza en las instituciones políticas. Se aprecia en Chile como “[las] demandas por un trato más igualitario y horizontal se enfrentan a la realidad de una sociedad marcadamente jerarquizada, en que las diferencias socioeconómicas se traducen en experiencias recurrentes y extendidas de menoscabo” (PNUD, 2017, p. 223). El informe Desiguales señala que tales experiencias no son sólo entre individuos, sino también desde las instituciones del Estado hacia los ciudadanos. Es así como se construyó entre las clases medias, medias-bajas y bajas un sentimiento de no ser tratados con la dignidad con que se trata a las clases medias-altas y altas. Sentimiento que pudo verse expresado en las demandas sociales del estallido social de octubre y consignas como hasta que la dignidad se haga costumbre.
Comentarios finales
En este ensayo se buscó entender el malestar social en Chile desde una estética de la desigualdad fundada en la sensación de una ciudadanía incompleta. Por ciudadanía incompleta se entendió la percepción de ser un ciudadano de segunda clase, así como la incapacidad de sentirse miembro completo de una comunidad. Al considerar el modelo de ciudadanía de Marshall (1950) se puede apreciar que la ciudadanía incompleta es una desviación del universalismo de los derechos sociales. Se postuló que, dentro de los regímenes de bienestar liberales identificados por Esping-Andersen (1993, 2000), el modelo neoliberal era el más susceptible de producir una sensación de ciudadanía incompleta al recaer el peso de la gestión de los riesgos sociales en la distribución del mercado y sus azares. La mercantilización del bienestar genera ganadores y perdedores. Los perdedores enfrentan la carga del estigma y el peso de la inseguridad. Tras construir este marco se abordó el caso de Chile.
Chile experimentó un fuerte proceso de mercantilización después del quiebre democrático de 1973 y la instauración del modelo neoliberal en la dictadura de Pinochet. Pese a que los gobiernos democráticos hicieron cambios importantes en materia de políticas sociales y rol económico del Estado, se aprecia continuidad a nivel de política fiscal, ortodoxia macroeconómica y soluciones tecnocráticas (Farías, 2019). El número de programas sociales y su cobertura han ido en aumento, pero conceptos claves del léxico neoliberal como focalización e individualización persisten en la elaboración de políticas de bienestar. Chile ha hecho avances, pero continúa siendo un país desigual en sus raíces. Tal desigualdad internalizada ha dejado cicatrices a nivel social. Las personas no sólo perciben diferencias en sus ingresos, sino que sienten cómo estas traspasan las fronteras de lo económico hacía lo político. En última instancia, los miembros de las posiciones menos favorecidas de la estructura social de Chile sienten cómo son tratados de forma diferente a otros ciudadanos más aventajados.
He mencionado la prueba del globo ocular de Pettit (2017) para referirme a un ideal de ciudadanía donde no existe dominación. Los ciudadanos son miembros plenos de una comunidad política al reconocerse unos a otros como iguales en derechos y dignidad. La dignidad no se realiza sólo en el papel, refiere necesariamente a una determinada forma de ser tratado como corresponde. La percepción de un trato desigual por estatus social es signo ineludible de que una comunidad política no cumple con el criterio de Pettit. La lógica igualitaria de la ciudadanía no se realiza puesto que no podemos mirarnos a los ojos entre nosotros como iguales. Al encontrarnos cara a cara, tenemos conciencia de nuestras diferencias sociales, sentimos que los demás también las perciben. Creo que tales sentimientos son una profunda fuente de indignación frente a las instituciones políticas, y que forman parte de los orígenes del malestar que desembocó en el estallido social de Chile en 2019. El cómo reparar estas fracturas sociales es el gran desafío de la política nacional en los próximos años.
Referencias bibliográficas
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